Aun en las sociedades que actualmente se consideran más cívicas y avanzadas y que se desenvuelven en el marco de estados de larga tradición democrática, el fenómeno de la violencia (tanto física como psíquica) ejercida por unas personas sobra otras sigue estando presente con una intensidad inasumible e intolerable (si es que algún tipo de violencia lo puede ser); y, dentro de ese fenómeno, ha de llamarse la atención sobre la violencia que se comete contra personas o colectivos especialmente vulnerables, como es el caso, por ejemplo, de las personas menores de edad.
Se trata de una lacra que, lejos de presentar visos de verse mitigada, viene experimentando una preocupante proliferación facilitada, en cierta y no despreciable medida, por el extendido uso de internet y de sus redes sociales, que, sin desconocer el indudable avance técnico y potencial positivo que ofrecen, también son utilizados, tanto por el mundo criminal organizado como por usuarios desligados de aquel, para perpetrar determinados ataques frente a la integridad física y moral, la libertad, la dignidad, etc., de personas menores de edad, acciones estas que pueden llegar a constituir delitos de muy diversa naturaleza y gravedad.
¿Qué objetivo persigue la protección jurídica de las personas menores de edad?
Se debe de partir de que la lucha frente a la violencia en la infancia y en la adolescencia constituye un imperativo de derechos humanos y una obligación prioritaria de los poderes públicos derivada del artículo 39 de la Constitución Española (que les impone la responsabilidad de protección integral de niñas y niños) y, a nivel internacional, de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por España en 1990.
De esta manera, las niñas, los niños y los/las adolescentes menores de 18 años (que se designan con el acrónimo NNA) tienen derecho a recibir asistencia y protección especial para el adecuado y pleno desarrollo de su personalidad. Y tal asistencia y protección deben ser reforzadas cuando hayan sido víctimas directas y/o indirectas de cualquier forma de violencia, pues se entiende que solo así podrán hacer frente y superar los perjuicios traumáticos (incluidos los daños emocionales) sufridos y llegar a alcanzar una vida adulta digna e independiente, cuyo reflejo para el interés general será conseguir una sociedad más justa, igualitaria y responsable.
Por ejemplo, en el ámbito jurídico-procesal, se debe ser consciente de la mayor vulnerabilidad de NNA víctimas directas y/o indirectas de un delito, a fin de adoptar las medidas y mecanismos adecuados para evitar la llamada victimización secundaria durante el procedimiento judicial.
¿En dónde se articulan las herramientas jurídicas que despliegan la protección reforzada a los y las menores?
Existe una variedad de instrumentos jurídicos, a nivel internacional y nacional, que contienen previsiones dirigidas a activar la protección reforzada de las personas menores de edad víctimas de violencia (tales como la necesidad de que las administraciones públicas establezcan planes y programas específicos de prevención de la violencia sobre la infancia y la adolescencia; medidas que garanticen la comunicación de las situaciones de violencia que hayan sido detectadas; medidas de prevención y detección precoz de la violencia en los centros educativos; protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito del deporte y el ocio; la obligación de evitar en sede policial, con carácter general, la toma de declaración a la persona menor de edad, salvo en aquellos supuestos en los que sea absolutamente necesaria; la obligatoria práctica, en sede judicial, de prueba preconstituida por el órgano instructor con el fin de que la persona menor de edad realice una única narración de los hechos para evitar la victimización secundaria; el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas menores de edad cuando sean víctimas de delitos violentos graves con independencia de sus recursos para litigar; etc.).
No es objeto de estos comentarios abordar la exposición y explicación de las múltiples herramientas y mecanismos para esa protección reforzada, si bien sí haremos una concisa alusión a la normativa legal en la que residencian aquellas herramientas.
Dicha normativa va desde las ya “clásicas” Convención sobre Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 (con su artículo 19, sobre protección de las personas menores de edad ante los malos tratos; y su Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización en la pornografía) y Carta Europea de los Derechos del Niño, de 21 de septiembre de 1992 (cuyo apartado 9.g exige la intervención directa de los poderes públicos ante cualquier forma de violencia); hasta la más reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; pasando por la antes citada Constitución Española.
De indudable interés en el ámbito que estamos tratando resultan también la Ley Orgánica 1/1996, del 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (cuyo artículo 11.2 proclama la supremacía del interés superior del menor y requiere la prevención de aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal); y la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito (sus artículos 19, 23, 25 y 26 se refieren a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos).
Asimismo, merecen ser destacadas la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, sobre el interés superior del menor, el derecho de la víctima NNA a ser oída y escuchada, regulando la forma en que ha de realizarse durante un procedimiento judicial y las actuaciones de protección mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo.
¿Qué se entiende por violencia a los efectos de la protección integral a la infancia y a la adolescencia?
Podemos encontrar una definición jurídica de violencia sobre personas menores de edad en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entiende por tal:
“(i) Toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar; o
(ii) Que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social;
(iii) Con independencia de su forma y medio de comisión;
(iv) Incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente la violencia digital”.
Ese mismo precepto recoge un ilustrativo elenco de acciones que, en todo caso, se considerarán violencia ejercida sobre personas menores, como, por ejemplo: el maltrato físico, psicológico o emocional; los castigos físicos, humillantes o denigrantes; las amenazas, injurias y calumnias; la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución; el acoso escolar; el acoso sexual; el ciberacoso; la violencia de género; la difusión pública de datos privados; etc.
¿Qué personas menores pueden ser sujetos de esa protección reforzada que dispensa la normativa?
De nuevo la respuesta se encuentra en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo artículo 2.1 alude a:
(i) Las personas menores de edad que se encuentren en territorio español;
(ii) Con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de residencia; y
(iii) Menores de nacionalidad española en el exterior en los términos establecidos en el artículo 51 (a través de las Embajadas y las Oficinas Consulares de España en el exterior, de acuerdo con lo establecido en artículo 5.h del Convenio de Relaciones Consulares de Viena y demás normativa internacional en este ámbito).
¿Y quiénes están obligados a dispensar la protección reforzada a las personas menores de edad?
El mismo artículo 2 de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, dispone que las obligaciones que en ella se contienen serán exigibles:
(i) A todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas;
(ii) Que actúen o se encuentren en territorio español;
(iii) Entendiéndose que una persona jurídica se encuentra en territorio español cuando tenga domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de cualquier naturaleza en dicho territorio.
En definitiva, todos los operadores jurídicos debemos de ser conscientes de que la violencia (en cualquiera de sus formas) ejercida sobre niños, niñas o adolescentes, por el mero hecho de quien la padece presenta ya unas notas particulares que no sólo la hacen más reprochable desde un punto de vista moral y jurídico, sino que también exige que los poderes públicos, incluido el judicial, desplieguen una protección especial a esas víctimas, incluida la adopción de las medidas, cautelas y prevenciones necesarias para evitar los perjuicios y traumas que para personas de tan escasa edad puede conllevar su participación en un procedimiento judicial (especialmente de índole penal).
Sensibilizados con lo anterior, en López González Abogados dispensamos un trato especial a los casos que afectan a menores de edad, acorde a la gravedad y caracterización que presentan, y tratamos de activar los mecanismos legales que permiten evitar una eventual revictimización derivada de la intervención del menor o la menor en un procedimiento judicial.